Hace cuatro años, un Ayuntamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara realizó obras de pavimentación. Dos años después de concluida la obra, dicho Ayuntamiento le exigió a nuestra clienta propietaria de una de las fincas beneficiadas el pago de un crédito fiscal por concepto de “contribución de mejora”, exigiéndole un cobro millonario.
A través de nuestra intervención profesional, logramos que un Tribunal Federal otorgara el Amparo en favor de nuestra clienta para que dicha autoridad dejara sin efecto ese inconstitucional cobro.